El Compliance y los derechos inmateriales de los medios virtuales

El Compliance y los derechos inmateriales de los medios virtuales

Joan Saula  Joan Saula

Desde nuestra perspectiva de firma especializada en Compliance, podemos decir que a día de hoy, transcurrido un buen trecho del 2017, gran parte de las empresas con una estructura mínimamente moderna, han implementado, o están desarrollando en la actualidad, programas estructurados de cumplimiento normativo, y aunque queda mucho trecho por recorrer, se vislumbra cierta mentalización generalizada en este sentido.Obviamente, el efecto ejemplarizante de los tribunales ayudando a la concienciación, y ya son bastantes las sentencias que se han pronunciado, a nivel de Audiencias Provinciales, dictando resoluciones condenatorias al más puro estilo del punitive damage americano. Sin embargo, el caso más significativo, a nuestro modo de ver, es el reciente auto dictado en el caso BANKIA, en el que se ha decidido no imputar a la auditora DELOITTE como persona jurídica penalmente responsable, por el hecho de disponer de un programa de prevención de delitos suficientemente eficaz. Este pronunciamiento es claramente una pica en Flandes para la disciplina del compliance en España, y es el ejemplo más gráfico posible de que en el mundo empresarial actual resulta imprescindible disponer de mecanismos de prevención claros, precisos y eficaces.

Dicho lo anterior, el motivo de este artículo es hacer mención especial a cierto tipo de riesgos que ni las empresas más ejemplares a nivel de compliance tienen en cuenta en muchas ocasiones, si bien tienen mucha probabilidad que les afecten. Hablando, obviamente, del cumplimiento normativo desde su enfoque amplio, que va mucho más allá de la perspectiva estrictamente penal, y que establece protocolos de cumplimiento normativo que afectan a todos los ámbitos, parece que la tendencia de las empresas es agrupar, junto con el compliance penal, las áreas de protección de datos y de calidad. A diferencia del daño ejemplarizante que puede existir en el ámbito penal, la vigilancia del incumplimiento cuya consecuencia es civil o administrativa, y en definitiva puramente económica, cae frecuentemente en el descuido o en el relajamiento.

En el marco descrito, puede añadirse que los programas de cumplimiento normativo suelen poner la mayor parte de su atención en la exposición de la empresa en medios convencionales, pero frecuentemente descuidan la exposición en el mundo virtual y, en especial, en las redes sociales, que sus departamentos de comunicación y marketing gestionan de forma muy dinámica y sin mecanismos de control sobre terceros, como pueden ser los influencers o figuras similares. Debe destacarse que la marca y, en consecuencia, la empresa propietaria de la misma, es la principal responsable del contenido publicado en los perfiles de medios sociales, incluida su propia web, y por tanto, debe tener especial precaución en que dichos contenidos no infrinjan: (i) la normativa sobre publicidad, (ii) derechos de imagen de terceros (en sus dos vertientes, esto es el derecho de imagen desde una perspectiva patrimonial, y el derecho a la propia imagen desde un punto de vista moral), (iii) la normativa sobre protección de datos, (iv) derechos de propiedad intelectual de terceros.

Dada nuestra estrecha colaboración con la Asociación AMAE, cuyo departamento jurídico se dedica habitualmente a la reclamación contra usos inconsentidos de derechos de imagen, tenemos constancia de que hasta las empresas del más alto nivel, con sofisticados programas de compliance, pasan por alto constantemente el hecho de estar utilizando ilegítimamente derechos de imagen y de propiedad intelectual en su comunicación online y RRSS.

Por poner un ejemplo, a muchas empresas se les escapa que sus canales de youtube, o su propia página web, no dejan de ser un medio de comunicación promocional, no bastando la excusa de que determinadas campañas, imágenes o contenidos, están insertados como material histórico. La cesión de los derechos inmateriales, en especial de los derechos de imagen con fines publicitarios, tiene un alcance temporal, territorial y de medios, por lo que el uso de dichos derechos requiere un control riguroso, de la misma manera que se controla en los medios convencionales como son la televisión o la publicidad gráfica. Las reclamaciones pueden llegar a ser por importes muy elevados, dependiendo de las circunstancias, sin entrar en los daños colaterales que implica cualquier conflicto legal.

A los oportunos efectos, como solución, recomendamos que los departamentos de comunicación y marketing de las empresas tengan una profunda concienciación (que no la tienen), de lo que comporta legalmente su presencia en los entornos virtuales, y que ésta presencia, aunque sea muy dinámica y cambiante, requiere el mismo rigor que la comunicación en el mundo convencional. Por eso mismo, como sucede en la mayoría de protocolos de prevención de incumplimientos normativos, la fórmula más adecuada para ser riguroso con los derechos de terceros y evitar posibles riesgos es la formación del personal, específica y adecuada para la gestión de dichas áreas, formación que debe aplicarse tanto al personal propio, como a cualesquiera colaboradores que puedan actuar en nombre de la marca, como pueden ser los influencers, youtubers, community managers o agencias de comunicación o medios de carácter externo.

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