El famoso caso Bankia y otras sentencias que confirman la importancia de los programas de Compliance

El famoso caso Bankia y otras sentencias que confirman la importancia de los programas de Compliance

  Santiago Martorell

Desde la reforma del Código Penal que tuvo lugar en el año 2010, y muy especialmente desde la reforma operada en el año 2015, los Planes de Cumplimiento Normativo, se configuraron como un sistema de autorregulación a implementar por las propias compañías, mediante el cual podrían evitar su responsabilidad penal, caso que se cometiera en su seno alguno de los ilícitos previstos por el propio Código Penal, y dicho ilícito supusiera un beneficio directo o indirecto para la propia compañía.

Desde unos inicios titubeantes, y sin una hoja de ruta bien definida, poco a poco los Programas de Compliance se han ido constituyendo como una herramienta indispensable en el seno de las compañías. Sin duda alguna, en nuestro país de carácter latino, el hecho de poder medir de forma tangible los beneficios de los Programas de Compliance, está ayudando y ayudará a su implementación de forma generalizada, en este sentido, damos a continuación un breve repaso a los referentes en el ámbito jurisprudencial, repaso que acabará con el famoso caso de la salida a bolsa de Bankia de reciente actualidad.

  1. La primerade las sentencias dictadas en relación a personas jurídicas, STS 514/2015, de 2 de septiembre, en esta primera sentencia se absuelve tanto a la persona jurídica como a su administrador único, del delito de estafa, por vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia.
  2. La segunda de las sentencias, STS 154/2016, de 29 de febrero, es la primera en estimar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se trata de una sentencia condenando un delito contra la salud pública por tráfico de estupefacientes, y en la misma se explican los requisitos para apreciar la responsabilidad de las empresas de acuerdo al artículo 31 bis del Código Penal, que se concretan en:
  • La previa constatación de la comisión de un delito por parte de persona física integrante de la organización, y;
  • La inexistencia de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar la comisión de infracciones por parte de las personas que forman parte de la organización.
  1. La tercera sentencia STS 966/2016, de 16 de marzo, de la que es ponente el Excmo. Manuel Marchena Gómez, y mediante la cual se revoca una sentencia de la Audiencia de Cáceres. La sentencia recurrida había condenado a dos personas físicas a dos años de prisión y a una empresa a 24.000 € de multa por un delito de estafa. La importancia de dicha resolución, radica en poner de manifiesto la necesidad de probar la deficiencia de los deberes de supervisión de las personas jurídicas, sin que quepa de forma automática la responsabilidad de la propia persona jurídica por un delito cometido por una persona física, recayendo la carga de la prueba en la acusación.
  2. En la cuarta sentencia STS 2616/2016, de 13 de junio el Tribunal no atribuye responsabilidad penal a la persona jurídica, por el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente cometido por la persona encargada de la dirección de la sociedad, dado que los hechos ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigor del artículo 31 bis del Código Penal.
  3. La quinta sentenciaSTS 4416/2016, de 6 de octubre, prácticamente carece de interés, pues no se llega a entrar en la responsabilidad penal de la persona jurídica, debido a los errores cometidos durante el proceso, que derivaron en la devolución de actuaciones a la situación procesal previa al Auto de Apertura del Juicio Oral.
  4. Poco después de la sentencia anterior, ve la luz la STS 4728/2016, de 3 de noviembre de 2016, correspondiéndose cronológicamente con la sexta de las sentencias sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En esta, la sociedad implicada es condenada por un delito de estafa en grado de tentativa cometido por su administrador, y se la condena a una multa de 382.640,00 euros.
  5. LaSTS 187/2017, de 26 de enero, ponente Excmo. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, confirma una sentencia de la Audiencia de Valencia, mediante la cual se condena a la sociedad como responsable civil subsidiaria, convirtiéndose en la séptima sentencia en dicha materia.Lo que resulta interesante de dicha sentencia, y hay que apuntar, es la cuestión relativa a las precauciones que han de adoptarse cuando se trata de designar al representante de la persona jurídica, cuando ésta aparece como imputada del delito. Debiéndose garantizar un adecuado derecho a la defensa, evitando al máximo el conflicto de intereses existiendo personas físicas imputadas por los mismos hechos delictivos.
  6. La STS 737/2017, de 23 de febrero, ponente Excmo. Francisco Monterde Ferrer, confirma una sentencia de la Audiencia de Pontevedra. En dicha sentencia el Tribunal Supremo, tiene ocasión de pronunciarse sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, en relación a delitos contra los derechos de los trabajadores. En este caso su pronunciamiento es claro, no hay posibilidad de condenar a la persona jurídica por este tipo de delitos, dado que el artículo 318 del Código Penal, no forma parte del numerus clausus de delitos susceptibles de ocasionar dicha responsabilidad penal.
  7. Podríamos entender que la STS 1305/2017, de 6 de abril, ponente Excmo. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, es la última sentencia dictada sobre esta materia hasta la fecha, y por tanto siguiendo el orden cronológico la novena. Dicha sentencia, muy en la línea de la cuarta sentencia, aduce a que los hechos fueron cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del artículo 31 bis del Código Penal.

Para finalizar este breve repaso jurisprudencial, no podía dejar pasar la ocasión de comentar el Auto del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de 11 de mayo de 2017, en relación al caso de la salida a bolsa de Bankia.

En el citado Auto, sin duda se cometen ciertos errores, que ahora no me detendré a detallar, pero aún con dichos errores, por primera vez, se declara el sobreseimiento sobre una persona jurídica, en este caso Deloitte, y ello en base a lo siguiente:

“ Y en el presente caso la representación procesal de DELOITTE SL ha aportado a la presente causa la documentación que acredita sobradamente que la misma cuenta con un “Manual de Compliance” que cumple con los requisitos expuestos, así como que para su gestión se cuenta con las suficientes herramientas políticas y protocolos, que componen el llamado “Sistema de Control y Calidad” adecuado para exigir al personal de la misma el cumplimiento de las normas profesionales, estableciendo medidas de vigilancia y control idóneas para evitar la comisión de ilícitos”

Pone de manifiesto dicho Auto, la importancia de implementar Programas de Compliance en el seno de las compañías, dado los beneficios que ello comporta, que en el presente caso descrito de Deloitte, irían desde cuantiosas multas que podría haber recibido, así como el daño reputacional que le hubiera causado.

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