Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales

  Santiago Martorell

El Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con la que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), fue aprobado el pasado viernes 23 de noviembre de 2018.

Dado que por parte del Senado, no se introdujo ningún tipo de enmienda al texto remitido por el Congreso, de acuerdo a la normativa vigente, la Ley queda definitivamente aprobada, entrando en vigor el día siguiente al de su publicación, hecho que se producirá de forma inminente.

La norma se estructura en 97 artículos, organizados en 10 títulos, 22 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 16 disposiciones finales.

Dentro de su contenido, hemos querido destacar los siguientes apartados, por su importancia o carácter novedoso:

  1. La Ley fija en 14 años la edad a partir de la cual se puede prestar consentimiento de forma autónoma.
  2. Se prevé que nuestro sistema educativo incluya formación específica en materia de uso seguro y adecuado de internet en los currículums de los estudiantes.
  3. Se recoge la posibilidad de mantener sistemas de denuncias internas anónimas, a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad privada, la comisión de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial. De este modo, la Ley dota a las empresas de un mecanismo que les permite conciliar su propio derecho con el derecho a la protección.
  4. Se podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación o supresión sobre datos de una persona fallecida, por parte de las personas que tengan vinculación a ésta.
  5. Se reconoce de forma expresa el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Para ello, los empleadores deberán elaborar Políticas Internas dirigidas a los trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en las que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática.
  6. Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida.
  7. Se cambia el periodo máximo para mantener en los sistemas de información crediticia, los datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito, los cuales pasan de los actuales seis años a cinco años. Sobre este punto, cabe destacar asimismo que la deuda publicada no sea inferior a 50 euros.
  8. Por último, se modifica la Ley de Competencia Desleal, regulando como prácticas agresivas las que tratan de suplantar la identidad de la Agencia o sus funciones y las relacionadas con el asesoramiento conocido como “adaptación a coste cero”, a fin de limitar asesoramientos de ínfima calidad a las empresas.

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