Los canales de denuncia bajo la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Los canales de denuncia bajo la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

  Santiago Martorell

El pasado 4 de septiembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entra en vigor el día de su publicación.

Dicho Real Decreto-Ley, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 31 de agosto, modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con el objeto de incorporar la Directiva 2015/849.

Una de las principales novedades que incorpora dicho Real Decreto-Ley, estriba en la inclusión de un nuevo artículo 26 bis, relativo a los Procedimientos Internos de comunicación de potenciales incumplimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

El referido artículo 26 bis versa sobre la exigencia específica de establecer un Canal de Denuncias, para quienes sean considerados sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, y tiene una clara inspiración en los Canales de Denuncia exigidos en el apartado 4º del artículo 31 bis 5 del vigente Código Penal.

El artículo 26 bis, relativo a los Procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos en materia de prevención de blanqueo de capitales, se desglosa en cinco apartados, a través de los cuales podemos identificar sus principales características:

  1. Se prevé que los Canales de Denuncia a los que se refiere, se puedan integrar en aquellos sistemas internos de denuncia que ya pudiera haber establecido el sujeto obligado, básicamente, aunque no de forma excluyente, con motivo de la normativa en materia de cumplimiento normativo y prevención de delitos. De esta forma, se pueden canalizar a través de un mismo instrumento y protocolo, las distintas denuncias que puedan ser recibidas por el sujeto obligado.
  2. Estos sistemas de comunicación, deberán cumplir con la normativa de protección de datos de carácter personal, considerándose en este caso como órganos de control interno y cumplimiento exclusivamente los regulados en el artículo 26 ter de la misma norma.
  3. Los sujetos obligados deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar que los empleados, directivos o agentes que informen de las infracciones cometidas en la entidad, sean protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier otro tipo de trato injusto que puedan recibir.
  4. Cabe destacar de forma expresa que esta obligación de implementar un sistema de comunicaciones o denuncias internas, no puede sustituir en ningún caso, a aquellos mecanismos específicos e independientes de comunicación interna de operaciones sospechosas, tal y como se establece en el artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  5. La normativa prevé la posibilidad de que, reglamentariamente, se puedan determinar para ciertos sujetos obligados, una exención en el cumplimiento de la presente norma.

Finalmente, y en materia sancionatoria, cabe destacar que el incumplimiento en la obligación de implementar los Canales de Denuncia a que se refiere el artículo 26 bis, podría conllevar las sanciones previstas en la propia normativa, consistentes en multas de hasta 60.000€, al considerarse como una falta leve.

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