Nuevas medidas en prevención del blanqueo de capitales

Nuevas medidas en prevención del blanqueo de capitales

Joan Saula  Joan Saula

El BOE de 4 de septiembre de 2018 ha publicado el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se trata de un popurrí de normativa comunitaria que se adapta a nuestro ordenamiento interno en un mismo texto legal y que tiene una trascendencia significativa. Por lo que al presente artículo se refiere, destacaremos la parte por la que se modifica la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, estableciendo una serie de novedades destacables.

  1. Se establecen medidas reforzadas de diligencia debida, estableciéndose de forma automática que corresponderán dichas medidas reforzadas en el caso de transacciones con aquellos países que se relacionen en la lista que al efecto elabora la Comisión Europea.
  2. Se endurecen notablemente las sanciones, llegándose, para las muy graves, un mínimo de 150.000€, o la cantidad más alta del 10% del volumen de negocio de la empresa, el doble del valor de la operación, 5 veces el beneficio obtenido con la misma o 10 millones de euros.
  3. Se modifica sustancialmente el régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública, poniéndose un especial énfasis en la prevención cuando se trate de asesoramiento a este tipo de personas.
  4. Se matiza la obligación de custodia de la documentación, estableciéndose dos tramos de 5 años, en lugar del tramo genérico de 10 establecido anteriormente.
  5. Se reduce el umbral en el que los comerciantes que utilizan el efectivo como medio de pago están obligados, reduciéndose de 15.000 a 10.000 euros.
  6. Se refuerzan las obligaciones de control interno y se establece un sistema de comunicación o denuncia confidencial de las infracciones, al objeto de facilitar las mismas.
  7. Se crea la obligación de registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.

Las novedades resumidas requieren lógicamente de desarrollo y aplicación práctica para poder valorar su alcance real. En este sentido, llama la atención la referencia directa a los profesionales del derecho mercantil, como el que suscribe, y la obligación de inscripción como persona física en el Registro Mercantil. La medida alcanza asimismo a cualquier profesional desde el momento en el que se ejerza como secretario no consejero de un consejo de administración. El abanico se extiende a cualquier función de asesoría externa de una sociedad, lo cual resulta tan amplio, que deberá matizarse por la vía de la interpretación para no caer en una norma vacía por su imposible cumplimiento práctico. Seguiremos atentos a la evolución de la interpretación.

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